La justicia bonaerense investiga supuestos cobros fraudulentos de los salarios de trabajadores que ni siquiera sabían que figuraban como personal de la firma.
La justicia bonaerense comenzó a investigar un posible fraude millonario relacionado con la empresa de trenes Ferrobaires, que depende del gobierno provincial. Las denuncias, presentadas en Mar del Plata y Dolores, apuntan al cobro de salarios a nombre de supuestos trabajadores de la compañía que desconocían su condición de tales. La investigación abarca al menos otros cuatro casos pero se sospecha que existieron unas 300 estafas en varios distritos de la provincia.
En el Ejecutivo provincial admitieron estar al tanto de las denuncias y dijeron que los funcionarios que resulten implicados irán a la Justicia. La empresa abrió un sumario interno para deslindar responsabilidades. Si bien la compañía del Estado bonaerense inició en diciembre de 2007 un proceso de traspaso a la Nación, su situación jurídica todavía está poco clara, incluso para los propios funcionarios que en la actualidad no saben a qué órbita responden.
La denuncia fue impulsada por el abogado Julio Hikkilo, de la CTA marplatense. “Un grupo de jóvenes me informó que se había anotado para entrar en un programa de empleo en Mar del Plata. Las autoridades les dijeron que no podían inscribirlos porque figuraban en la ANSES como empleados activos de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires). Ellos se habían anotado en 2007 para entrar en Ferrobaires, pero nunca los volvieron a llamar. Luego, pudimos comprobar que alguien estuvo cobrándoles los sueldos todo este tiempo”, explicó el letrado.
El primer caso quedó al descubierto en febrero en la localidad de Maipú. Allí, uno de los denunciantes, que trabaja como empleado municipal, aseguró que cuando quiso tramitar un crédito personal en el Banco Provincia le informaron que poseía una caja de ahorros paralela en la misma entidad.
En esa cuenta, de acuerdo con el resumen de movimientos, se detectaron depósitos mensuales de haberes por un promedio de 2.000 pesos desde enero de 2008 a cargo de la Unidad Ejecutora. A cada depósito le siguió desde entonces la extracción de todos los fondos. Según el texto de la denuncia, el empleado informó que en marzo de 2007 “realizó los trámites para el ingreso al ferrocarril con otras personas más” pero que luego desistió de continuar las gestiones porque consiguió su actual trabajo.
En el período entre enero de 2008 y febrero de este año, el denunciante descubrió que a su nombre fueron cobrados en total 35.224 pesos. A pesar de no haber ido a trabajar un solo día, su supuesto desempeño fue bien evaluado, porque en los catorce meses recibió tres aumentos de sueldo que le permitieron llevar su haber inicial de 1.903 a 2.476 pesos.
A partir de este caso comenzaron a llegar a la oficina del abogado de la CTA denuncias similares de otras personas que se habían anotado para trabajar en Ferrobaires en tareas de mantenimiento de vías y que, a pesar de no haber sido llamados nunca por la empresa, figuraron como empleados y sus sueldos fueron cobrados a valores de entre 1.500 y 3.000 pesos. La segunda tanda de denuncias surgió cuando los jóvenes quisieron anotarse en un programa de empleo.
Según Hikkilo, entre los afectados figura uno que, sin saberlo, fue anotado como empleado de la Unidad Ejecutora en 2005 y que desde entonces acumuló salarios impagos por 125 mil pesos.
El letrado mencionó como antecedente del presunto fraude el anuncio en agosto de 2004, por parte del entonces intendente de Mar del Plata, Daniel Katz, de la construcción de la nueva estación Ferroautomotora a un costo de 170 millones de pesos aportados por el Estado nacional.
Hikkilo dijo que cuando el caso trascendió en Mar del Plata “algunos jefes del ferrocarril intentaron neutralizar el efecto de la denuncia y empezaron a convocar a los que figuraban como empleados sin haber cobrado”.
“Al recibirlos, les entregaron la tarjeta del banco y una clave personal en un sobre abierto para que pudieran cobrar”, explicó el letrado. Además de las denuncias penales, Hikkilo hizo en nombre de los afectados presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la provincia “para pedir que fueran incorporados al empleo y pudieran recuperar el dinero que les habían sacado”. Según el abogado, Ferrobaires tomó a tres de los denunciantes y les depositó el dinero que otras personas habían cobrado en sus nombres.
El profesional de la CTA calculó que la maniobra se repitió en alrededor de 300 casos, “sobre todo en pueblitos del interior de la provincia de Buenos Aires” por donde pasa el trazado de Ferrobaires. A un promedio de 2.000 pesos mensuales por trabajador, la estafa sería de 8 millones de pesos.
El jefe de Emprendimientos Comerciales de Ferrobaires, Ignacio Beláustegui, le dijo a este diario que la denuncia motivó la apertura de un sumario interno. “Se están haciendo averiguaciones para saber si esto es verdad. De ser así, el responsable va a ser despedido de la empresa”, adelantó el funcionario, para quien se trata de la primera denuncia de estas características en la empresa.
Fuente: Critica Digital
En el Ejecutivo provincial admitieron estar al tanto de las denuncias y dijeron que los funcionarios que resulten implicados irán a la Justicia. La empresa abrió un sumario interno para deslindar responsabilidades. Si bien la compañía del Estado bonaerense inició en diciembre de 2007 un proceso de traspaso a la Nación, su situación jurídica todavía está poco clara, incluso para los propios funcionarios que en la actualidad no saben a qué órbita responden.
La denuncia fue impulsada por el abogado Julio Hikkilo, de la CTA marplatense. “Un grupo de jóvenes me informó que se había anotado para entrar en un programa de empleo en Mar del Plata. Las autoridades les dijeron que no podían inscribirlos porque figuraban en la ANSES como empleados activos de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires). Ellos se habían anotado en 2007 para entrar en Ferrobaires, pero nunca los volvieron a llamar. Luego, pudimos comprobar que alguien estuvo cobrándoles los sueldos todo este tiempo”, explicó el letrado.
El primer caso quedó al descubierto en febrero en la localidad de Maipú. Allí, uno de los denunciantes, que trabaja como empleado municipal, aseguró que cuando quiso tramitar un crédito personal en el Banco Provincia le informaron que poseía una caja de ahorros paralela en la misma entidad.
En esa cuenta, de acuerdo con el resumen de movimientos, se detectaron depósitos mensuales de haberes por un promedio de 2.000 pesos desde enero de 2008 a cargo de la Unidad Ejecutora. A cada depósito le siguió desde entonces la extracción de todos los fondos. Según el texto de la denuncia, el empleado informó que en marzo de 2007 “realizó los trámites para el ingreso al ferrocarril con otras personas más” pero que luego desistió de continuar las gestiones porque consiguió su actual trabajo.
En el período entre enero de 2008 y febrero de este año, el denunciante descubrió que a su nombre fueron cobrados en total 35.224 pesos. A pesar de no haber ido a trabajar un solo día, su supuesto desempeño fue bien evaluado, porque en los catorce meses recibió tres aumentos de sueldo que le permitieron llevar su haber inicial de 1.903 a 2.476 pesos.
A partir de este caso comenzaron a llegar a la oficina del abogado de la CTA denuncias similares de otras personas que se habían anotado para trabajar en Ferrobaires en tareas de mantenimiento de vías y que, a pesar de no haber sido llamados nunca por la empresa, figuraron como empleados y sus sueldos fueron cobrados a valores de entre 1.500 y 3.000 pesos. La segunda tanda de denuncias surgió cuando los jóvenes quisieron anotarse en un programa de empleo.
Según Hikkilo, entre los afectados figura uno que, sin saberlo, fue anotado como empleado de la Unidad Ejecutora en 2005 y que desde entonces acumuló salarios impagos por 125 mil pesos.
El letrado mencionó como antecedente del presunto fraude el anuncio en agosto de 2004, por parte del entonces intendente de Mar del Plata, Daniel Katz, de la construcción de la nueva estación Ferroautomotora a un costo de 170 millones de pesos aportados por el Estado nacional.
Hikkilo dijo que cuando el caso trascendió en Mar del Plata “algunos jefes del ferrocarril intentaron neutralizar el efecto de la denuncia y empezaron a convocar a los que figuraban como empleados sin haber cobrado”.
“Al recibirlos, les entregaron la tarjeta del banco y una clave personal en un sobre abierto para que pudieran cobrar”, explicó el letrado. Además de las denuncias penales, Hikkilo hizo en nombre de los afectados presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la provincia “para pedir que fueran incorporados al empleo y pudieran recuperar el dinero que les habían sacado”. Según el abogado, Ferrobaires tomó a tres de los denunciantes y les depositó el dinero que otras personas habían cobrado en sus nombres.
El profesional de la CTA calculó que la maniobra se repitió en alrededor de 300 casos, “sobre todo en pueblitos del interior de la provincia de Buenos Aires” por donde pasa el trazado de Ferrobaires. A un promedio de 2.000 pesos mensuales por trabajador, la estafa sería de 8 millones de pesos.
El jefe de Emprendimientos Comerciales de Ferrobaires, Ignacio Beláustegui, le dijo a este diario que la denuncia motivó la apertura de un sumario interno. “Se están haciendo averiguaciones para saber si esto es verdad. De ser así, el responsable va a ser despedido de la empresa”, adelantó el funcionario, para quien se trata de la primera denuncia de estas características en la empresa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario