Desde la Coalición Cívica, cuestionaron la falta de controles y el "sistema de corrupción en base a subsidios". El Defensor del Pueblo dijo que el sistema está "colapsado" y no se va a arreglar con el actual secretario de Transporte. Y el intendente de Morón pidió quitarle la concesión a TBA.
Los hechos de violencia que se registraron esta mañana en las estaciones de tren de Merlo y Castelar a raíz de una protesta por una nueva demora en el servicio de la ex línea Sarmiento desataron una ola de críticas también en el ámbito político.Los blancos de esos dardos fueron tanto la empresa TBA, concesionaria del servicio, como el Gobierno, por las fallas en los controles. Y, en particular, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el polémico proyecto del tren bala.Desde la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, que vive a apenas dos cuadras de la estación de trenes de Castelar, sostuvo las deficiencias del servicio ferroviario se deben a "la falta de previsión, planificación, inversión y controles" y al "sistema de corrupción en base a los subsidios a los privados, que forma parte de la estructura de poder del kirchnerismo". "La gente está harta de los megaanuncios del Gobierno. Alguna vez fueron los 20 mil millones de inversiones chinas y ahora es el tren bala", criticó en declaraciones a radio Continental.El diputado provincial Sebastián Cinquerrui, también de la Coalición, responsabilizó directamente a "Jaime y la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), que lo ampara cuando debería estar dando explicaciones a la Justicia". E insistió en señalar "el descontrol que existe sobre la ejecución de los subsidios otorgados por Jaime y desviados por el Grupo Cirigliano y la empresa TBA". El intendente de Morón, Martín Sabbatella, ubicado a mitad de camino entre el kirchnerismo y la oposición, apuntó contra TBA y pidió, directamente, que el Estado le saque la concesión. "Es una empresa que no cumplió con las condiciones necesarias para garantizar el servicio que la gente se merece", acusó en declaraciones a radio Mitre. "Nada justifica la violencia, pero así no se puede viajar", expresó. Y agregó: "Queda claro que la prioridad no puede ser el tren bala".Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo que "el sistema ferroviario ha colapsado" y que esa situación se agudizó "en los últimos años porque las obras no se hicieron". Puntualizó que en lo que va del año el Estado ya invirtió "1.570 millones de pesos de subsidios para congelar tarifas". Y concluyó: "Si alguien cree que se va a arreglar el transporte público mientras esté Jaime, estamos fritos. Este Gobierno ha tenido aciertos, pero en esta materia ha sido un verdadero mamarracho".
Fuente: Clarin
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