martes, 17 de abril de 2012

Tragedia de Once: indagarán a Jaime, Schiavi y Cirigliano


El juez Bonadio los citó, a partir del 7 de mayo, para interrogarlos como sospechosos por la falta de controles y de mantenimiento sobre el material rodante. Se basó en peritajes parciales sobre la formación que sufrió el accidente.

El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a varios funcionarios y ex funcionarios del área del Transporte del kirchnerismo por el choque del tren contra la estación de Once del 22 de febrero que dejó un saldo de 51 muertos y 700 heridos. Claudio Cirigliano, uno de los dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA) que explota el ferrocarril Sarmiento, también será indagado.

Encabezan la lista de los indagados los últimos dos secretarios de Transporte del gobierno: Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Y también el subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Guillermo Luna, Antonio Eduardo Sícaro actualmente al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Pedro Ochoa Romero quien ocupó ese cargo en la época de Jaime.

La decisión de las indagatorias fue tomada, según fuentes judiciales, tras el resultado parcial del peritaje -que aún no terminó- a lo que se sumaron varios informes de la CNRT que terminaron en multas que se le aplicaron a TBA, y otra información judicial.

El peritaje determinó que había fallas técnicas en el material del tren y que la formación frenaba. Sin embargo el juez les pidió a los peritos una ampliación del estudio que fue formalmente entregado ayer en Tribunales. El juez les hizo 14 preguntas más para que los ingenieros precisen -entre otros puntos- si con las fallas técnicas y el peso que cargaba el tren- cientos de pasajeros apiñados en hora pico- podría haber frenado en la distancia necesaria para evitar el choque contra la estación. A la empresa TBA se le aplicaron multas por falta de mantenimiento y otras cuestiones, por encima del monto que permite el contrato de concesión. Esa situación- que viene por lo menos desde 2007- podría haber dado razón al Estado para la rescisión del contrato de explotación de la línea por parte de la empresa del Grupo Cirigliano. La CNRT informó a la Justicia que la empresa actuó con “desidia” respecto del mantenimiento del material rodante del Sarmiento y siempre se excusó en la falta de inversión estatal.

A partir de la inclusión de Jaime y Ochoa Romero entre los imputados, puede interpretarse que la falta de mantenimiento en la que incurrió TBA y que devino en el choque, se arrastra desde hace mucho tiempo y fue tolerada por los funcionarios que debían controlar el modo en el que el concesionario prestaba el servicio.

El llamado a indagatoria de Bonadio incluye al presidente de TBA Carlo Michele Ferrari quien es el primero que debe declarar. Lo hará el 7 de mayo próximo . Ante Bonadio y el fiscal del caso Federico Delgado deben presentarse también los integrantes del directorio de TBA y de la compañía que la controla: Cometrans Pero la imputación de Bonadio no se limita a los que tomaban decisiones empresariales en los escritorios. Varios integrantes del área operativa de TBA y del Ferrocarril Sarmiento deberán dar sus explicaciones ante la Justicia. Fueron citados también Sergio Tempone, gerente de operaciones de TBA, Roque Cirigliano, gerente de material rodante de TBA, Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento, Pedro Ranieri Jefe del taller de Castelar y Luis Ninona superior de Ranieri. Ambos firmaron la revisión que se hizo de la formación que chocó en Once en los talleres que TBA tiene en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

El único indagado hasta ahora en el expediente fue Marcos Antonio Córdoba el maquinista que conducía la formación 16, tren 3772 el día del choque contra la estación de Once. El conductor del tren también volverá a ser indagado por Bonadio: cerrará la lista de los que deban declarar cuando se presente el 11 de junio próximo, unas horas después de que lo haga Schiavi. Tres días antes se tienen que presentar a declarar Cirigliano y Jaime quienes tuvieron una relación muy cercana de negocios mientras el funcionario debía controlar al empresario del transporte.

Fuente: Clarin

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