martes, 17 de enero de 2012

Subte: la justicia rechazó los amparos por la suba del boleto a $2,5


Así lo resolvió esta tarde el juez a cargo de la causa, Fernando Lima, ante las presentaciones que realizaron diversas ONGs y legisladores porteños para evitar el ajuste por un 127% dispuesto por el gobierno porteño.

Los usuarios de la red de subterráneos de Buenos Aires deberán seguir pagando el pasaje 2,50 pesos, ya que la Justicia porteña decidió rechazar una medida cautelar para frenar de manera urgente los aumentos y señaló que necesita más elementos de análisis para saber si la suba de la tarifa está justificada.

Así lo resolvió hoy el juez en lo Contencioso Administrativo Tributario porteño Fernando Lima, quien decidió rechazar el dictado de una medida cautelar para poner freno al aumento que ya se está aplicando desde el último 6 de enero.

Sin embargo, el propio juez se ocupó en aclarar a la agencia DyN que no estaba avalando el aumento de subtes y también advirtió que el amparo que solicitaron las asociaciones no gubernamentales, legisladores y ciudadanos todavía debe resolverse en diez días.

"El amparo es el proceso principal. No sólo no fue rechazado sino que está en trámite. Lo que sucede es que el amparo es una vía excepcional, de trámite rápido. Y si bien las medidas cautelares son admisibles, su procedencia es muy excepcional. En este caso, la decisión no es un 'aval' al aumento. Lo único que se dice es que la cuestión no es tan clara, ni tan urgente como para hacer lugar a esa medida excepcionalísima", sostuvo el magistrado ante esta agencia.

De esta manera, aún quedaría abierta la puerta a que la Justicia disponga más adelante congelar el aumento, luego de hacer un análisis sobre los argumentos del Gobierno porteño en torno a que el servicio no puede funcionar sin este reajuste.

Tras hacerse cargo de la administración de los subtes que hasta entonces estaba en manos del Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno de Mauricio Macri incrementó el ultimo viernes 6 de enero la tarifa de los subtes en un 127 por ciento: paso de costar $1,10 a $2,50.
La asociación Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional inició una acción de amparo y con el correr de las horas se fueron sumando varios pedidos similares, que se acumularon en una misma causa ya que todos reclamaban lo mismo: frenar el aumento de la tarifa y llamar a una audiencia pública para discutir la cuestión.

La causa se radicó entonces contra el GCBA, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y la concesionaria Metrovías.

En su resolución, el juez planteó que "las medidas cautelares se hallan condicionadas a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita y el peligro en la demora" que impliquen que una resolución tardía resultaría "prácticamente inoperantes".

En ese marco, Lima sostuvo que el peligro de demora no se acreditaría en este punto ni tampoco el riesgo de un daño extremo.
El trámite actual se basa "en la pretendida afectación del derecho a la participación ciudadana, al afirmarse que se habría procedido a imponer un aumento en la tarifa de subterráneos sin haber cumplido con los procedimientos legales que la normativa impondría para ello".

"En esta instancia inicial del proceso, con los acotados elementos con que se cuenta, sería impropio (y, en los hechos, prácticamente imposible) avanzar en el examen de esas circunstancias, que requieren un marco de análisis más amplio, con posibilidades de mayor contradicción y prueba", se aseguró.

El juez Lima sostuvo que "las medidas precautorias son admisibles", pero "su procedencia es excepcional y se limita a los supuestos en los cuales, de no admitirse dicha medida, ello redundaría en la imposibilidad para la jurisdicción de dictar una sentencia de mérito (ejemplo paradigmático de ello es el pedido de suspensión del acto que ordena la demolición de un edificio: si no se accede a él, no habrá objeto sobre el que decidir en la sentencia)".

En ese marco, el juez dijo que no ignora "la entidad de la modificación en el monto que efectivamente se abona para viajar en el transporte subterráneo de esta ciudad, con la incidencia económica que ello puede tener en las distintas economías personales o particulares".

Pero -añadió- "no se advierte que ese agravio revista la entidad necesaria como para considerar que los riesgos de permitir que continúe la situación actual hasta el dictado de la sentencia definitiva sean mayores que los que podrían derivarse del dictado de la cautelar pedida".

El juez Lima añadió que "tampoco parece darse en el caso el supuesto en el cual el daño que se irrogaría sería irreparable, excesivamente gravoso o no susceptible de reparación posterior".

Así las cosas, el juez aclaró que aún se está "en el ámbito de una acción de amparo" que se tramita en diez días y por lo tanto "un estudio más profundo, con mayores elementos de prueba y con un mayor debate que posibilite el adecuado ejercicio del derecho de defensa de todas las partes involucradas".

En su resolución, disparó por elevación a los denunciantes: "No deja de llamar la atención la actitud algo despreocupada que han asumido algunos de los demandantes, que al tiempo que acuden a una vía urgente demoran días en traer tres ó cuatro copias o acreditar debidamente su personería".

Fuente: LaPoliticaOnline

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