Fue así que, por su iniciativa, se dictó el 28 de agosto de 1908 la denominada “Ley de Fomento de los Territorios Nacionales”, que disponía la construcción de importantes obras públicas para la regulación de las crecientes y la canalización de los ríos, el tendido de una importante red de ferrocarriles estatales en aquellas áreas que no resultaran rentables para el capital extranjero, y la posterior división y venta de las tierras así valorizadas con vistas a su efectiva ocupación.
Mientras Ramos Mejía permaneció en su cargo, pudieron verse los primeros frutos de su proyecto de desarrollo patagónico en la inauguración, en el año 1910, de los primeros 110 km del ferrocarril estatal que debía cubrir el tramo entre San Antonio Oeste y San Carlos de Bariloche. En el mismo año, el 17 de marzo, se colocó la piedra basal para la construcción de un dique regulador sobre el río Neuquén –hoy dique Ing. Ballester- y la derivación de sus aguas hacia la Cuenca Vidal -hoy lago Pellegrini- con la presencia del primer mandatario nacional y el mismo Ramos Mejía. Estas obras, concluidas en 1916, tendrían el doble objetivo de disminuir las crecientes y habilitar un canal principal de riego que permitiera la puesta en producción inicial del valle inferior del río Neuquén, con lo cual se iniciaría el cambio productivo que haría de la fruticultura, años mas tarde, el cultivo regional por excelencia. Para la realización de estas importantes obras hidráulicas se contrató inicialmente al mismo Ing. Cipolletti, que murió en el viaje a la Argentina. Ocupó su lugar otro ingeniero italiano, Desio Severini, a quien el ministro confió la planificación de las obras por su experiencia en la construcción de la presa de Assuan, en el río Nilo.
Financiamiento
Un rol preponderante en la concreción de este proyecto cumplió la empresa del Ferrocarril Sud, que financió poco más del 50% del costo inicial de las obras. A cambio de ello, y acorde con el proyecto elaborado por el Ministro, la empresa recibiría títulos nacionales denominados "bonos de irrigación" que devengarían un interés anual del 5% y serían cubiertos por el gobierno nacional mediante el cobro de un canon de riego a los beneficiarios.
El sistema integral de riego del Alto Valle se completó a partir de la inversión de concesionarios particulares constituidos en cooperativas que obtendrían las chacras a 2,50 pesos la hectárea con la condición de invertir otros cincuenta pesos en la construcción de obras de riego y mejoras -desmonte, nivelación, cercado, construcción de vivienda y sembrado parcial de las superficies- previo a la obtención del título definitivo de propiedad. Estas exigencias de capital inicial se justificaban expresamente en los considerandos del decreto impulsado por Ramos Mexía, en razón del alto costo que requería la puesta en producción de las tierras del valle, "fuera del alcance de colonos agrícolas desprovistos de los recursos necesarios”. A partir de la formación de estas cooperativas de irrigación se observó un importante incremento del área cultivada, que pasó de 1.200 a 17.000 ha en el transcurso de la década de 1910. Estos concesionarios iniciaron un proceso de división en pequeñas explotaciones, surgiendo una serie de colonias unidas por el ferrocarril que darían, años después, su fisonomía característica al Alto Valle.
Fuente: Rio Negro
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