Acumula una treintena de denuncias en su contra. Enriquecimiento ilícito, dádivas, irregularidades en el pago de subsidios y sobreprecios, los procesos que más lo complican.
El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime es uno de los hombres de más confianza de Néstor Kirchner y uno de los que más causas judiciales tiene abiertas en su contra. Ha recibido una treintena de denuncias y llegó a tener en simultáneo 16 causas judiciales, pero hasta ahora, en ninguna había sido citado a declarar en indagatoria.
Todo cambió a raíz de la decisión del juez federal Claudio Bonadío de citarlo a declarar para la primera semana de marzo por las supuestas dádivas que recibió por parte de empresas privadas que pagaron viajes en avión para él, sus familiares y allegados y otros funcionarios. Además de Bonadío, Jaime es investigado por otros jueces. Uno de ellos es Norberto Oyarbide, a quien la Cámara Federal le acaba de ordenar que siga investigando si el avión Lear Jet que el ex secretario de Transporte usaba como propio está incluido en el patrimonio del ex funcionario. Además, este magistrado investiga si Jaime se enriqueció ilícitamente durante su gestión. Otra de las causas en contra es del 2004 por el supuesto pago de sobreprecios en el reciclado de 120 vagones y estaciones de tren. En este contrato por 74 millones de pesos, se denunció que se pagaron sobreprecios.
En noviembre del 2008, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir el proceso. No era la primera vez que esa Cámara le fallaba en contra. En marzo del 2007, había revocado un sobreseimiento dictado por el ex juez Jorge Urso en una causa en que se investiga la compra de 15 locomotoras japonesas usadas sin licitación pública. Además, la oposición lo denunció en agosto del 2008 ante la Justicia por supuesta malversación de fondos públicos, encubrimiento y abusado de autoridad en el proceso de estatización de Aerolíneas Argentinas. La Justicia también recibió pedidos para que se lo investigue por presuntos delitos vinculados a los proyectos de trenes de alta velocidad, sobreprecios e irregularidades en licitaciones de obras viales.
Fuente: Clarin
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