Vaciamiento. Según Angel Cadelli, los trenes que llegaron para reparación al Astillero Río Santiago eran “cáscaras vacías”: les faltaban los motores y todas las piezas interiores.
En enero de 2007, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP) –cuyo nombre de fantasía es Ferrobaires– mandó a “reparar” al Astillero Río Santiago de La Plata dos locomotoras General Motors GT 22 (9078 y 9081) y tres vagones. Pero cuando el vicepresidente del astillero de aquel entonces, Angel Cadelli, fue a constatar el estado de las máquinas, advirtió que habían sido saqueadas.
“Eran cáscaras vacías”, graficó Cadelli a PERFIL. En efecto, faltaban los motores y otras piezas de valor, que por ser de cobre, y muy pesadas, se
venden fácilmente en el mercado negro.
“Querían que les firmásemos un remito prolijo, para que ellos puedan blanquear el robo”, explicó Cadelli. Y añadió: “Bastó que les pidamos un inventario del estado en que se encontraban las locomotoras y los vagones, para que se vayan”.
El del astillero de La Plata es sólo uno de las decenas de casos de saqueos de locomotoras, rieles y vagones que ya obligaron a Ferrobaires a recortar frecuencias. Y no sólo eso, los robos, sumados a la falta de inversión, hacen que viajar en tren sea inseguro, por lo que los especialistas alertan que “en cualquier momento puede ocurrir otro Cromañón”.
Los trenes son propiedad del Estado nacional y por lo tanto el Estado es el responsable del cuidado del patrimonio ferroviario. La empresa Ferrobaires es sólo una concesionaria. PERFIL intentó comunicarse en más de cinco oportunidades con el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Antonio Luna, pero éste se negó a hablar del tema.
Debido a la falta de mantenimiento de las vías, el tren que viaja de Buenos Aires a Bahía Blanca demora en llegar a destino alrededor de 15 horas. “En algunos tramos, no puede superar los 20 kilómetros por hora”, lamentó un maquinista a PERFIL.
Un pedido de informe presentado por el presidente del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica (CC), Jaime Linares, denuncia no sólo el caso del astillero, sino la desaparición de los coches TER, que fueron adquiridos entre el ‘95 y el ‘96, y son los más nuevos de la flota.
El cineasta y líder de Proyecto Sur, Pino Solanas, denunció que “no sólo se robaron locomotoras, sino también kilómetros y kilómetros de vías”. Según explicó Solanas, las locomotoras quedaban bajo la custodia de dos serenos “que no resistían un cien mangos”, y así se iban desguazando los trenes.
“Habría que procesar a los funcionarios que están a cargo del ferrocarril ‘por incumplimiento de los deberes de
funcionario público’, y por someter a los pasajeros a condiciones de inseguridad”, tronó el cineasta.
Cada locomotora saqueada le cuesta al Estado más de tres millones de dólares, tal su precio de mercado. Según pudo averiguar PERFIL, no se reponen locomotoras desde el ‘96.
El ferrocarril provincial une Retiro con Junín y Alberdi; Once con Bragado, Lincoln y Pehuajó; y Constitución con Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Tandil, Bahía Blanca, Patagones, Bolívar y Dairaux. Es un servicio vital para mantener comunicados los distintos pueblos bonaerenses, y esencial para los ciudadanos de menos recursos.
El ex presidente de la seccional La Plata de La Fraternidad, Antonio Reda, que quedó afuera del ferrocarril tras la privatización que llevó adelante Carlos Menem, deslizó: “¿Quiénes necesitan repuestos de trenes? Los que tienen trenes, o sea las concesionarias... Ellos saquearon los trenes, ante la vista gorda de los funcionarios de turno”.
Daniel Petriella, un ex conductor de locomotoras de Ferrobaires, aseguró a PERFIL que en los últimos años desaparecieron más de 30 locomotoras, y que “no hay ningún inventario” del material tractivo y rodante existente.
El rol del gremio. Petriella aseguró que “La Fraternidad fue cómplice” del saqueo de los trenes. “Ellos dicen quién entra y quién sale”, soltó el ferroviario. Y denunció: “No me reincorporaron porque sabían que estando adentro, iba a denunciar los robos”. En concordancia, Reda afirmó: “Si existiesen doscientos empleados dispuestos a denunciar el saqueo del ferrocarril, los funcionarios se tendrían que ir”.
En la vereda de enfrente, el secretario de Prensa de La Fraternidad, Horacio Caminos, señaló a PERFIL que “Petriella no fue incorporado porque reprobó el examen psicofísico”, y afirmó que si ellos hubiesen tenido conocimiento del robo de las locomotoras, ellos mismos lo hubiesen denunciado.
Pese a que el gremio negó tener injerencia en la contratación del personal que ingresa a Ferrobaires, un acuerdo celebrado en septiembre de 2006 entre la UEPFP y el sindicato La Fraternidad informa en su artículo 6º que “la Unidad sólo procederá a contratar personal de conducción, con el asesoramiento del gremio”.
El pase a la Nación, en suspenso
El 8 de febrero de 2007, la Nación y la provincia de Buenos Aires suscribieron un convenio, aprobado por decreto, donde acordaron las condiciones para iniciar el proceso de transferencia al Estado nacional de los servicios ferroviarios que habían sido concesionados a la provincia. Sin embargo, PERFIL constató que el traspaso –que estaba previsto para mediados de 2007– todavía no se efectuó, porque la Nación no quiere hacerse cargo de la falta de las locomotoras.
Fuentes de la Secretaría de Transporte Ferroviario confiaron a PERFIL que el pase no se va a efectuar hasta que la UEPFP no haga un inventario del material rodante y tractivo existente.
Desde la CC, alertaron que si se concreta el pase a Nación, y se crean –conforme a la Ley de Reordenamiento Ferroviario– dos sociedades del Estado: Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE (AIF) y Operadora Red Ferroviaria SE (ORF), las mismas podrán contratar libremente, sin necesidad de llamar a licitación pública.
En este sentido, Linares señaló que al ser sociedades del Estado y no organismos dependientes de la administración pública central, podrán explotar los bienes del ferrocarril, e incluso vender los terrenos linderos a las estaciones, sin ningún control.
Fuente: Diario Perfil
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