Se aprobó un pedido de informes de la oposición que pretende conocer las últimas gestiones del Ejecutivo ante Nación para obtener la demorada autorización. Uno de los coches fue llevado a El Talar de Pacheco para mantenimiento. El otro permanece en el Puerto.
Otra vez, el hasta ahora malogrado tren urbano de la ciudad fue "leit motiv" de una reñida discusión en el Concejo. Los ediles opositores lograron aprobar un pedido de informes donde le pidieron al Ejecutivo que devele una incógnita no menor: adónde está uno de los dos cochemotores adquiridos por el municipio (que en los últimos días no se vio en el Puerto). El pedido exige también detalles sobre las últimas gestiones realizadas por el municipio ante la Subsecretaría de Transporte Ferroviario de Nación y la Comisión de Regulación de Transporte, para obtener la autorización nacional que aún no llega y que impide que comience a circular el subsistema.
El Litoral pudo saber que el coche faltante está desde hace dos semanas en la localidad de El Talar de Pacheco (Buenos Aires). Hasta allí lo trasladaron para realizarle “tareas de mantenimiento” e incorporarle “algunas mejoras técnicas”, según aseguraron fuentes municipales. Dentro de 10 ó 15 días lo traerán de vuelta, y se llevarán el que está ahora en el Puerto, para realizarle las mismas tareas.
Los ediles opositores autores del pedido -entre ellos Ignacio Martínez Kerz y Roberto Campanella, ambos del PJ- también requirieron saber el registro nacional identificatorio, la ubicación actual de cada unidad, el estado técnico-mecánico de los cochemotores (motor, frenos, puertas luces rodamiento), y copias de las certificaciones de habilitación técnica. El pedido fue aprobado al final del orden del día con el reticente apoyo del interbloque oficialista, que defendió el subsistema de transporte público proyectado para la ciudad.
Antecedentes
Una apretada puesta en antecedente vuelve el tiempo atrás unos dos años -y en vísperas de elecciones- cuando el municipio -con Mario Barletta a la cabeza- anunció la compra de dos coches ferroviarios autopropulsados que circularían por la ciudad en varios ramales. Se pagó por ambas unidades $ 2.400.000, monto que no estaba en la ejecución presupuestaria anual. Pero la autorización de Nación necesaria para que puedan funcionar el tren urbano nunca llegó, con lo cual los coches quedaron varados en el Puerto. Y ahí siguen hasta el día de hoy.
“Hace dos años el gobierno municipal anunciaba con bombos y platillos la puesta en marcha del tren urbano de pasajeros. A la luz del tiempo transcurrido, podemos decir hoy que aquello fue una especulación electoral, una propuesta de campaña que hoy se transformó en una mentira”, disparó en el recinto Campanella. “Actualmente, el tren está abandonado, enterrado en el barro. Hoy no se sabe adónde está el segundo coche”, remató.
Le salió al cruce Ariel Rodríguez, del interbloque oficialista, quien refrendó el argumento usado desde la actual gestión para justificar la demora de la puesta en circulación del tren: “Si aún no funciona es porque no nos quieren dar desde Nación la autorización correspondiente, por la sencilla razón de que Santa Fe es de otro color político”, bramó con vehemencia.
Posiciones encontradas
“¿Cómo puede ser entonces que el tren de Paraná, que es igual al de aquí, haya obtenido rápidamente la autorización? Simple: porque el gobierno de Entre Ríos está alineado con el gobierno nacional”, añadió Rodríguez. “No es sólo el caso de Paraná, también pasa en Tucumán: antes de que llegue el tren ya tenían en esa provincia la autorización”, lo apoyó desde su banca la arista Noelia de Chiementín.
“Lamentablemente, el árbol no puede tapar el bosque, la realidad no se puede ocultar ante la evidencia de los hechos”, agregó Rodríguez. Truco y retruco: Campanella no se quedó atrás en los argumentos: “Yo he defendido el uso y la recuperación de los ferrocarriles; pero lo que no puedo defender es una mentira. Esto fue un uso de fondos públicos para consolidar una falacia electoral ”.
“La autorización -siguió Campanella- que debe dar la autoridad nacional competente no tiene nada que ver con discriminación política, sino con cuestiones técnicas razonables relacionadas con la seguridad: no puede ser que el tren deba pasar a dos metros del surtidor de una estación de servicio”, cuestionó. Quien puso paños fríos fue Ignacio Martínez Kerz: “Más allá de los aciertos o errores, hoy lo que está en juego es la preservación del patrimonio de esa inversión”.
Fuente: El litoral
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