El dato lo revela un informe oficial. El juez investiga si esa plata se usó para mejorar el Sarmiento o hubo desvíos.
Momento de decisión. En las próximas semanas Bonadio definirá a quién procesa por la tragedia.
La empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que está bajo investigación por la tragedia de Once, pidió la nulidad del peritaje contable en el que se intenta determinar cómo fueron usados los subsidios millonarios que la compañía de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano recibió del Estado Nacional. Según confirmó Clarín , el Estado le otorgó a TBA la suma total de 3.500 millones de pesos por subsidios desde el año 2000 hasta el 2012 cuando se rescindió el contrato de explotación de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre.
La cifra equivale a la sumatoria de los presupuestos de este año del CONICET, la CNEA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
La información la suministró la Secretaría de Transporte de la Nación al juez Claudio Bonadio quien investiga las razones de la tragedia. Desde TBA se informó que, por ejemplo entre 2005 y 2010 los sueldos de los empleados “se llevaron el 70 % de los subsidios recibidos”.
Por ahora el análisis ordenado por Bonadio abarca desde 2007 a 2012 e intenta dilucidar cómo se utilizaron los millonarios aportes del Estado para mejorar las condiciones del servicio ferroviario.
Hace dos semanas TBA pidió que se anulara el peritaje. La petición se basó en que el fiscal Federico Delgado no impulsó la acción penal con la formalidad que TBA cree que debió hacerlo para que las cifras de lo subsidios sean analizadas. Sin embargo, el fiscal del caso realizó varias presentaciones en el expediente en las que habló de dos aspectos de la investigación del choque del tren del 22 de febrero pasado. Delgado señaló que hubo un “adentro” y un “afuera” de la tragedia. Lo primero se refiere al choque en sí mismo y las circunstancias que rodearon al tren chapa 16 aquella mañana de febrero. Y el afuera es el modo en que se controló la concesión del Sarmiento que estuvo a cargo de TBA hasta que el Gobierno la canceló en mayo pasado. En abril pasado en un extenso dictamen el fiscal Delgado atribuyó responsabilidades a funcionarios de Transportes y a los empresarios de TBA y se refirió a los subsidios a partir de la lectura de los informes críticos que había realizado al Auditoría General de la Nación sobre TBA: “ … hubo una gran cantidad de caudales públicos que no llegó a su destino . Específicamente, se trata de subsidios que no se corresponden con el pobre servicio de ferrocarril. Esto quiere decir que los fondos no se aplicaron al fin previsto. Es verdad que no sabemos con precisión adonde fueron a parar. Sin embargo, sabemos donde no fueron a parar ”. Para saber cómo se usó el dinero es que Bonadio ordenó el peritaje contable. El pedido de nulidad realizado por el abogado Guillermo Santa Eugenia, llegó luego del tercero de los informes que hicieron los peritos oficiales y que fue firmado por los contadores de las partes: aseguran en Tribunales que el resultado parcial arroja muchas dudas sobre el uso de los subsidios. Los contadores de la Corte Suprema de Justicia detectaron algunas inconsistencias en la facturación de TBA. Con este y otros elementos el juez debe decidir en las próximas semanas si procesa al maquinista, a funcionarios y a empresarios.
Fuente: Clarin
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