Hasta mayo sumaban $ 75 millones mensuales. Y ahora, con nuevo concesionario, saltaron a $ 100 millones.
Tras haberle rescindido la concesión que tenía la empresa TBA, el Gobierno decidió aumentar un 33% los aportes y subsidios destinados a la operación y mantenimiento de los servicios ferroviarios de las líneas Sarmiento y Mitre que ahora están a cargo de una nueva concesionaria privada.
Hasta el mes de mayo, el Estado le estuvo girando a la anterior operadora $ 75 millones por mes en concepto de subsidios tarifarios para cubrir los costos de explotación y salariales. Con el nuevo esquema operativo implementado a partir de junio, los desembolsos estatales para atender todos los gastos ordinarios de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre saltaron a $ 100 millones mensuales .
El incremento en los subsidios fue aprobado por el secretario de Transporte, Alejandro Ramos mediante el nuevo “acuerdo de operación” que suscribió con la Unidad de Gestión Operativa Mitre-Sarmiento (UGOMS), la empresa privada contratada por el Gobierno para el manejo integral de los trenes que corría TBA.
Con el aumento de los aportes que deberá destinar a esos ferrocarriles, el Gobierno terminó reconociendo dos hechos que venía negando de manera sistemática. Por un lado, que los fondos girados hasta ahora resultaban insuficientes para cubrir los gastos de un servicio digno. Y por otro lado, que los trenes metropolitanos están en una situación crítica y requieren cada vez más recursos para mantenerse en pie.
El 24 de mayo pasado, por medio del decreto 793, la administración kirchnerista dispuso que la operación de las líneas Sarmiento y Mitre pase a manos de la UGOMS, una sociedad integrada por las dos concesionarias ferroviarias metropolitanas que aún permanecen en actividad. Se trata de Metrovías, la empresa del grupo Roggio que explota los subtes y la línea Urquiza, y Ferrovías, la operadora del Belgrano Norte que pertenece al grupo Romero-Emepa.
Según las nuevas reglas de juego, la UGOMS ejecutará por “cuenta y orden del Estado” la “operación integral, administración y explotación” de los dos ferrocarriles. Dentro de ese esquema, los $ 100 millones mensuales que aportará el Gobierno para la corrida de los trenes irán a cubrir los siguientes gastos y obligaciones: -Sueldo de los empleados: $ 65 millones, que se canalizarán por la empresa Ferrocarril Belgrano SA, el ente estatal que absorbió a los casi 4.000 agentes que tenía TBA.
–Gastos de explotación: $ 35 millones. Es lo que recibirá por mes la UGOMS para pagar sueldos de directores, combustibles, servicios, seguros, seguridad y el mantenimiento ordinario de los trenes y estaciones.
Además de los “subsidios operativos”, el Gobierno también le girará a la nueva operadora los fondos para atender otros dos gastos significativos.
El primero de ellos está vinculado con el plan de obras para regularizar los mantenimientos diferidos que tienen las vías y las instalaciones de ambas líneas.
Estas obras son las que el Gobierno tenía frenadas por demoras en la actualización de precios y falta de pago. Para destrabar una parte de los trabajos, la Secretaría de Transporte prometió un adelanto de $ 150 millones para los próximos días.
El segundo ítem clave que el Estado le pagará a la concesionaria son l as nuevas inversiones específicas que se definan para ampliar y mejorar los servicios.
Según el informe que elevó el ex interventor de TBA, Raúl Baridó, las inversiones que requiere el Sarmiento en los próximos dos años trepan a US$ 900 millones, mientras que las del Mitre llegan a los US$ 400 millones. Pero hasta ahora, el Gobierno no ha dado ninguna señal de lo que piensa hacer en este rubro.
Por último, el nuevo “acuerdo de operación” dejó en la nebulosa tres cuestiones que son clave para los usuarios y que ya deberían haber quedado definidas: la cantidad de servicios que deben correr diariamente, los niveles mínimos de calidad y seguridad de las formaciones y el nuevo régimen de sanciones para penalizar los incumplimientos de la concesionaria.
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