La orden oficial fue evitar todo comentario.
La Casa Rosada apeló a la prudencia y a un cerrado hermetismo ante la detención de los máximos directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) por ocultar información sobre cómo la empresa utilizó los subsidios que el Gobierno le otorgó durante los últimos nueve años. La orden de captura de Sergio Claudio Cirigliano, el hombre fuerte de la compañía que explotaba la línea Sarmiento y era un asiduo interlocutor de la Casa Rosada, causó sorpresa en el Ministerio de Planificación, donde tenía llegada el dueño de TBA.
De todas maneras, la orden en el Gobierno fue esperar y guardar silencio. Desde la Secretaría de Transporte, que dirige Alejandro Ramos, transmitieron expresamente a LA NACION que no harían comentarios sobre el tema. Ramos asumió al frente del área de Transporte tras la salida de Juan Pablo Schiavi, el 7 de marzo pasado, una semana después de la tragedia de la estación Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. Entonces, el Gobierno había intervenido la empresa, pero recién le quitó la concesión a TBA hace dos semanas, tres meses después del fatal choque en la línea Sarmiento.
Hoy, a las 8, Schiavi se presentará en Tribunales para declarar en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, el mismo que ayer decidió detener a Cirigliano por obstruir la investigación. El ex funcionario, que renunció luego de permanecer internado por una dolencia cardíaca, pasó ayer toda la tarde con sus abogados preparando el escrito que dejará en el despacho de Bonadio. Según pudo saber LA NACION, hará esa presentación escrita y no hablará ante el juez.
SILENCIO OFICIAL.
En el Gobierno nadie quiere emitir opinión en un tema tan sensible. De hecho, fuentes oficiales consultadas pedían remitirse a las declaraciones del ministro de Planificación, Julio De Vido. El pasado 24 de mayo, el funcionario anunció la quita del contrato de concesión que la Casa Rosada tenía con TBA, tanto para la línea Sarmiento como Mitre. Entonces, De Vido sostuvo que la decisión era independiente de lo que sucediera en la causa penal que lleva adelante Bonadio, de la que no opinó.
Ayer, en medio de la sorpresa por la detención del empresario Cirigliano, fuentes oficiales recordaban con cierto alivio que la presidenta Cristina Kirchner hubiera avanzado en la quita del contrato hace dos semanas, previo a que el magistrado determinara responsabilidad de la empresa en la obstrucción de la investigación. Además de Schiavi, que se presentará hoy en la Justicia, esta semana también deberá declarar otro ex secretario de Transporte del kirchnerismo.
Se trata de Ricardo Jaime, que ya había negado públicamente cualquier responsabilidad con la tragedia y que está procesado junto con Cirigliano, por presuntas dádivas. Ambos están, también, imputados en la causa por el accidente de TBA, junto con el actual subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero, que también serán indagados por el juez Bonadio. Pedido por otro accidente de tren. El fiscal federal Paul Starc pidió el envío a juicio oral de los maquinistas de Ferrobaires por el choque con un tren de la línea San Martín que provocó 4 muertos y 120 heridos en febrero de 2011. Ello ocurrió cuando el tren que manejaban los acusados iba a Junín y chocó con un vagón furgón.
Fuente: La Nacion
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