Once: comienzan a indagar a funcionarios y dueños de TBA

Hoy están citados directivos del Grupo Cirigliano. También debe volver a declarar el conductor del tren. El juez Bonadio tiene una lista de 30 imputados y busca determinar qué responsabilidades tienen en la tragedia que dejó 51 muertos.

Dos meses y medio después del tercer accidente ferroviario más grave del país, hoy comenzarán las declaraciones indagatorias de los 30 imputados de tener algún tipo de responsabilidad en la muerte de 51 personas en la estación de Once el pasado 22 de febrero.

La lista se compone de funcionarios nacionales, ex funcionarios nacionales y empresarios y directivos a cargo de la concesión de la ex línea Sarmiento, incluido también el maquinista de la formación , ya indagado dos días después del accidente y cuando aún estaba conmocionado por lo que había ocurrido.

Todos ellos comenzarán a desfilar hoy por el cuarto piso del edificio judicial de Comodoro Py 2002, en Retiro, sede del juzgado que interviene en el caso, a cargo de Claudio Bonadío, quien adelantó que no aceptará prórrogas. Los dos primeros, previstos para hoy a las 10, son Carlo Michele Ferrari, presidente de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), y Oscar Gariboglio, vicepresidente de su firma controlante, Cometrans.

Los nombres más conocidos quedarán para el mes que viene. Ellos son, por ejemplo, los de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi . Se trata de los dos únicos funcionarios que ocuparon ese cargo desde la llegada al poder del kirchnerismo hasta el accidente de Once.

El juez les imputa todos los acusados el delito de “estrago culposo”, una carátula similar a la que tuvo otra tragedia ocurrida a pocos metros de allí, en el boliche Cromañón , siete años atrás, pero con un saldo de víctimas casi cuatro veces más grande.

“Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo. Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cinco años”, dice el artículo 196, del Código Penal.

Sin embargo, el fiscal Federico Delgado, cree que hubo una “connivencia” entre el Gobierno y la empresa que derivó en una desatención del servicio en los trenes del Sarmiento . Al traducirlo al derecho penal, el fiscal habló directamente de una “complicidad criminal” entre los funcionarios del área y los responsables del servicio concesionado por el Estado.

Por ello, para fiscal, además del “estrago” podría caberle a los imputados la figura del “peculado”, una variante de los delitos contra la administración pública que se castiga con hasta diez años de cárcel, que podrían crecer en el caso de los funcionarios y que hasta contempla, en caso de condena, la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos.

Si bien ya declararon varios testigos, hasta ahora hubo un único indagado. Se trata del maquinista de la formación, Marcos Córdoba . Dijo que no le funcionaron los frenos. Sin embargo, la pericia realizada por tres especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ordenada por el juez determinó que los frenos estaban en condiciones de ser accionados.

El maquinista que le entregó la formación a Andrada en Castelar, diez estaciones antes del accidente, Leonardo Andrada, dijo que el tren iba con exceso de pasajeros y que llevaba el tercio de peso que esos vagones permiten. Aclaró que ello es normal en el servicio del Sarmiento en los horarios pico y sobre todo cuando hay demoras, como le ocurrió ese día al partir de Moreno, la otra cabecera.

Las indagatorias insumirán más de un mes. Las más importantes quedaron para el final. Córdoba es el último previsto, el 11 de junio, junto con Schiavi, que renunció pocos días después del accidente.

Tres días antes están citados J aime y Sergio Claudio Cirigliano, cabeza del grupo que controla TBA . Ambos están unidos por otra causa que tramita en el mismo juzgado: las dádivas por los viajes que el funcionario hizo en taxis aéreos pagados por el empresario.

Fuente: Clarin