Morán entregó al juez federal Sergio Torres un escrito realizado junto a organizaciones de discapacitados que incluye, entre otras pruebas, el último informe de la Auditoría General de la Nación que releva el estado de ejecución de la ley que protege los derechos de los discapacitados. Ese documento encontró diversos incumplimientos de las empresas de colectivos y trenes. Esta causa se abrió en 2006 luego de que Luis Alberto Giuliani, asesor financiero de 41 años con discapacidad motriz, denunciara al ex funcionario ante el fuero federal.
Según consignó Clarín , Giuliani apuntó a Jaime porque “en 2004 los discapacitados podíamos viajar gratis. Pero en 2006 un decreto limitó los lugares a dos discapacitados por micro y solo en los que hubiera servicio semi cama. En los otros teníamos que pagar. Las empresas hacían lo que querían , y aún hoy dicen que tienen el cupo lleno y no nos dan los pasajes gratis”. Por esta investigación, Torres allanó las oficinas de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los dos organismos encargados de aplicar la ley que obliga a las empresas a garantizar el acceso para discapacitados a través de rampas, ascensores y los medios que sean necesarios. Buscaba las actas de control de las empresas. Jaime fue imputado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y entre los documentos que se acumulan en el expediente están también los informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación que consignaron quejas por los problemas permanentes que tienen las personas con discapacidad para moverse en el transporte público.
Fuente: Clarin
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