Es Juan José Riquelme, que trabaja en la Secretaría de Inteligencia. Sería intermediario entre el jefe de la Unión Ferroviaria y el abogado acusado de intentar pagar para liberar a los primeros detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra.
El nexo entre el detenido secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y un abogado, ex funcionario judicial, para el presunto pago de coimas para lograr la liberación de los primeros siete detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra fue un empleado de la Presidencia de la Nación, agente de la Secretaría de Inteligencia (SI), según dijeron a Clarín fuentes judiciales.
La novedad fue notificada en los últimos días por la jueza Wilma López al titular de la SI (ex SIDE), Héctor Icazuriaga. El agente se llama Juan José Riquelme y apareció en las escuchas telefónicas ordenadas por el juzgado a cargo de López durante el verano sobre los celulares del luego detenido Pedraza y otros sospechosos.
“Por los diálogos pareciera que tenía una estrecha vinculación con Pedraza” , dijo una fuente allegada a la investigación sobre el misterioso Riquelme. El hombre habría sido el nexo entre Pedraza y el abogado Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal. Aráoz de Lamadrid defendía a uno de los detenidos, Guillermo Uño. Y ahora se investiga si intentó pagar una coima para obtener la liberación de los detenidos.
En uno de esos diálogos Riquelme le decía a Aráoz de Lamadrid que Pedraza le daría “todos los papeles” para que él los firmara . “¿Mi factura?”, preguntó el abogado. “Ya está todo arreglado”, respondió Riquelme, según dijeron fuentes con acceso a la causa. También hubo referencias a las vacaciones que Aráoz de Lamadrid pasaba en la playa brasileña de Praia Brava, en Florianópolis.
Los investigadores sospechan que la mención de “los papeles” era en realidad una alusión a los dólares que supuestamente se juntaron para la presunta coima . Al abogado se le secuestró un paquete con 50 mil dólares en un allanamiento. Cerca suyo dijeron que se trataba de honorarios por otro juicio y negaron que correspondieran a las coimas investigadas . Aráoz de Lamadrid había trabajado en la Cámara de Casación con un juez que podía llegar a intervenir en el pedido de excarcelación de los primeros siete detenidos de la causa, Eduardo Riggi.
El 13 de enero Riquelme había llamado al abogado y le dijo lo siguiente, según consta en la causa: “Bien, le comento ... Me dijo (supuestamente Pedraza) que está muy bien el número que le pasé y que esta tarde, al atardecer, tiene una reunión con el secretario, que anoche habló con él al respecto; el secretario manifestó que no existe ningún problema con el tema, que la única preocupación que tiene es cómo encuadrar la operatoria ; por eso se van a reunir esta noche”.
Luego de detectar las primeras llamadas con Pedraza y Aráoz de Lamadrid, los investigadores descubrieron que Riquelme intentó comunicarse con la sede central de la SI el 10 de enero, a las 19.39. Al profundizar la pesquisa encontraron que Riquelme había dado ante la Policía Federal, al tramitar un documento, el nombre de alguien domiciliado en la central de los espías como persona de “referencia” o de su conocimiento.
Desde el juzgado llamaron a la SI para preguntar si allí trabajaba Riquelme y les respondieron afirmativamente , según narraron fuentes judiciales. La jueza notificó a Icazuriaga de la denuncia que formuló por “tráfico de influencias” contra Riquelme y otras personas, entre ellas el propio Pedraza y Aráoz de Lamadrid. La causa tramita de manera independiente a la del crimen de Ferreyra y ante otro juez, Luis Rodríguez (ver La causa ).
La jueza argumentó ante Icazuriaga “el carácter público” de la tarea desempeñada por Riquelme como agente de la SI, organismo que depende de Presidencia. Por ello lo notificó de la denuncia que había hecho contra él.
La causa
En el marco de la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, la jueza Wilma López detectó a través de escuchas telefónicas en enero un presunto plan para intentar coimear jueces en la Cámara de Casación y lograr así la excarcelación de los primeros detenidos en la investigación.
La jueza López hizo una denuncia por “tráfico de influencias” y la causa quedó radicada en otro juzgado, el de Luis Rodríquez. Allí están denunciados Pedraza, Juan José Riquelme y Octavio Aráoz de Lamadrid.
La supuesta coima no habría llegado a pagarse y la Cámara de Casación rechazó los pedidos de excarcelación de los imputados de haber integrado la patota que mató a Ferreyra, que siguen presos.
Fuente: Clarin
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