Un grupo de familias que habitan a la vera del ferrocarril Belgrano Cargas corre el riesgo de ser desalojada y su futuro es incierto. Ya hay en marcha un juicio de desalojo, hubo una audiencia pública sin solución concreta, y una nueva reunión pendiente para buscar un terreno donde reubicar a estas personas.
Y el tema está instalado como una preocupación entre organizaciones no gubernamentales y autoridades de esta ciudad. El Cañaveral es un asentamiento de viviendas precarias ubicadas al norte de barrio Marista, al lado de la trocha del ferrocarril Belgrano. Las 16 familias que viven allí desde hace varios años afrontan un juicio de desalojo que inició la empresa que hoy explota el ramal. Se trata un asentamiento precario en el que no hay ninguna urbanización, la conexión eléctrica es clandestina, no tiene red de agua potable y sus habitantes la reciben de una cuba y la almacenan en baldes y fuentones.
La mayoría de las viviendas son de chapa, casi ninguna tiene piso y algunas tampoco baño, o lo tienen fuera de la vivienda que en promedio no ocupa más de cuarenta metros cuadrados. Si bien las constataciones para el aseguramiento de pruebas comenzaron en 2008, en abril de este año comenzaron los juicios de desalojo para estas familias y otras que están en una situación similar en Capitán Bermúdez. Ante esta situación, que por el momento no es de desalojo inminente, los vecinos empezaron a hacer público su problema y hasta llegaron a protestar en la ruta. Si bien hay promesas de logística y provisión de materiales, junto con el compromiso de los propios vecinos de colaborar con la mano de obra, hasta ahora no aparece ningún terreno fiscal reubicarlos. Y este es el mayor escollo.
Audiencia.
Ante el pedido de la representación de los vecinos para que se suspenda el juicio de desalojo, el titular del juzgado de circuito Nº 3 Alberto Bonino, convocó a una audiencia pública a la que asistieron el municipio, la empresa y los vecinos, pero no la provincia que también estaba citada. Mientras el municipio y el Estado provincial siguen afirmando que no hay terrenos fiscales disponibles para la reubicación, se está programando una nueva reunión para los próximos días: “Habría que apuntar terrenos cuyos dueños no aparezcan o sus deudas los dejen en condiciones de ser expropiados” sostuvo Norberto Olivares representante legal de los vecinos. Los vecinos han manifestado su voluntad de retirarse del predio si obtienen un terreno donde edificar un complejo de viviendas sociales mediante el plan Núcleo Básico.
De concretarse este programa, el Estado provincial se encargaría de la construcción que luego se descontaría de la coparticipación municipal a una tasa fija durante 25 años. Claro que para que esto se lleve adelante tendría que disponerse de un lugar en el cual poder construir las viviendas, y eso por el momento parece imposible. Si bien hay familias que se radicaron hace 40 años, el mayor crecimiento del asentamiento se produjo durante la última década. Sus habitantes se dedican al cirujeo, changas y a la cría de animales de granja. Según un relevamiento hecho por organizaciones sociales, en el lugar habitan 70 personas, 28 de los cuales son mayores de 18 años y 42 son menores. De ellos, 33 están escolarizados, hay seis niños pequeños o bebés y tres adolescentes que trabajan y no estudian.
Ocho de los adultos son analfabetos o semianalfabetos. Los empleos son en su mayoría informales, changarines, limpiavidrios, cartoneros, algunos trabajan contratados en el municipio local y sólo ocho familias reciben asistencia del Estado.
Fuente: La Capital
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