Otro drama evitable

El accidente ocurrido en la estación Flores es el más grave en 50 años en la Ciudad, dirán las estadísticas. El responsable político por la falta de control a la concesionaria TBA es el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a fin de cuentas, ejecutor de un plan estatal que prioriza el transporte automotor de personas y cargas sobre el sistema ferroviario.
La secretaría de Transporte de la Nación tiene un karma. Si Ricardo Jaime debió dejar ese puesto acosado por múltiples procesos por corrupción, a su sucesor, Juan Pablo Schiavi, la historia lo recordará como el mayor presentador de excusas de la administración pública nacional. Bajo su gestión, los servicios de trenes concesionados, como el que está en manos de TBA, gozaron de todos los beneficios que adquirieron en tiempos de Jaime. Y de ninguno de los controles que Schiavi llegó para imponerles. El accidente fatal ocurrido en la estación Flores del ex Sarmiento lamentablemente no es una sorpresa. Las muertes en rutas y vías férreas son responsabilidad última del Estado, porque no ejerce el papel de controlador de la concesiones que entrega a empresas privadas. Recordemos las razones que en los 90 justificaron las privatizaciones: se trataba de poner en manos de empresas privadas los servicios que, en manos del Estado, eran mal prestados y deficitarios. Pasaron ya dos décadas de aquellas medidas y subsisten los mismos problemas, agravados. Ocurrió no hace mucho con el tren bonaerense que une Constitución con Mar del Plata. Y ha sucedido en el interior con ramales que, por el desuso, al reactivarlos, no garantizan las condiciones mínimas para cumplir el servicio.

Pero la secretaría que controla Schiavi es el nodo donde confluyen los subsidios millonarios al transporte de cargas, a las empresas concesionarias de trenes en manos de grupos amigos. No hay modo de disociar el accidente de hoy, y todos los anteriores, del diseño del sistema nacional de transporte que está en vigencia. Ese sistema comenzó a tomar forma en los 90 con el desgüace del Estado y se "perfeccionó" con la alianza estratégica que el kirchnerismo selló con Hugo Moyano, titular de la CGT y líder del poderosísimo gremio de Camioneros. La tercera pata de esta "entente" es la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que creció al mismo ritmo en que lo hizo el sindicato de Moyano y acompañó casi sin fisuras al gobierno nacional. El diseño del que hablamos se hizo cargo del escenario existente a comienzos de esta década en el negocio del transporte de cargas y de pasajeros, y no se propuso cambiar nada. Más bien, con Moyano a la cabeza, optó por aprovechar las ventajas que proveían al transporte en camiones sobre el destruido servicio ferroviario. Jaime primero, y ahora Schiavi, administraron el nuevo esquema con el fin de profundizar las distancias existentes entre uno y otro. El Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura, que conduce desde hace ocho años el arquitecto Julio De Vido, fue el paraguas debajo del cual creció este fenomenal negocio. Con una corrupción estructural en la "era Jaime", sin que hasta ahora se haya logrado subir en las responsabilidades judiciales hasta el ministro, y con una notable ineficiencia y falta de control en la gestión Schiavi, ahora. En las dos administraciones Kirchner, desde 2003, este estado de cosas se fue agravando. El kirchnerismo ha sido muy sensible a la protesta social, hasta el punto de no reprimirla casi nunca con el fin de evitar muertos, como los que terminaron con el interinato de Eduardo Duhalde. Extrañamente, se cuentan por decenas los fallecidos en accidentes derivados de la falta de mantenimiento de vías y rutas o por la nula inversión privada en los trenes que explotan. El responsable político de este estado de cosas es, sin duda, el secretario Schiavi, quien debería ser interpelado por el Parlamento para que explique cómo fue que la empresa TBA llegó hasta aquí con un servicio tan defectuoso como el que sufren los millones de pasajeros que se hacinan en sus vagones todos los días, que llegan a deshoras a sus trabajos, que pierden sus pluses por presentismo, y todo por la desidia de los funcionarios como Schiavi o su directa connivencia con los intereses empresarios que no controla. La ex Línea Sarmiento es lo que es desde hace décadas. La tristemente famosa "barrera 80", en Ituzaingó, era noticia sangrienta en las páginas de información general de los diarios en los 60 y 70. Pero pasaron varias décadas y todos los gobiernos, democráticos o no, fueron coherentes en el olvido de ese ramal, así como de los que llegan del sur a la Capital, usado mayoritariamente por gente pobre.
Un gobierno preocupado genuinamente por los más vulnerables debería repensar con qué funcionarios –y con qué alianzas– encara la tarea de resolver los problemas que todavía enfrentan millones de argentinos de a pie. Ni la elección de los funcionarios ni la elección de los aliados son neutrales. Schiavi, finalmente, es un empleado jerarquizado de la Administración del Estado y un dirigente político de poco vuelo; Moyano y sus socios de la Fadeeac fueron los que impusieron un modelo que potenció el transporte de cargas en contra del desarrollo o el recupero del sistema ferroviario. Decenas de muertos en accidentes ferroviarios son producto de décadas de inacción estatal y de corrupción política. Y de una década, la última, en la que se optó por beneficiar a unos en detrimento de todos. Los beneficiarios son los empresarios del transporte de cargas y del transporte concentrado de pasajeros, en manos éste de megagrupos como Plaza o Cirigliano que se quedaron con la parte del león en su negocio. También es llamativa la información que proveyó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro. Diecisiete recursos de amparo fueron presentados por vecinos para evitar que se soterren pasos a nivel. Este dato, por sí solo, exhibe en forma obscena la otra cara de la impunidad de quienes gobiernan. Los gobernados no son capaces de ceder en sus intereses a favor de los del conjunto. Más pasos a nivel bajo tierra serían menos muertos por año en las barreras, pero a nadie le importa demasiado. Hasta que uno de los fallecidos es un pariente cercano o un amigo. En pocos días, la atención de los medios dejará de lado, lánguidamente, datos de muertos, heridos, maquinistas, responsables directos, pericias. El accidente de Flores se instalará en las estadísticas como el segundo más grave, el más previsible, el quinto o sexto de la ex Línea Sarmiento en el último lustro. Lo que define el subdesarrollo de un país, más allá de todo índice, es la incapacidad de la sociedad de imponer premios y castigos a quienes la conducen. Las elecciones periódicas son la esencia de la democracia, pero la formalidad de los gestos amenaza con convertirla en una máscara vacía. La historia nos enseña que es tan dañino un Estado omnipresente como aquel que no controla nada, donde se imponen los más fuertes sobre los más débiles. Ningún dinero del Estado estará mejor invertido que en generar conciencia, en educar. Para ser más solidarios. Y para controlar mejor a quienes administran el Estado, que somos todos. No los que lo ocupan de manera temporaria.