Para esa fecha, Argentina y Chile esperan con ansiedad el dictamen de rentabilidad. Si es positivo, se podrá llamar a licitación.
Después de años, el tren trasandino o el, luego llamado, Corredor Bioceánico Aconcagua, está próximo a conocer su destino. El asesor de Francisco Pérez en temas macro de infraestructura, Mariano Pombo, confirmó que "en setiembre se emitirá el dictamen final, el de rentabilidad, y que dependiendo de su resultado permitirá llamar a licitación o bien reencauzar la discusión a partir de lo que decidan Cristina Fernández y Sebastián Piñera de dar de baja, o bien, presentar modificaciones".
El ferrocarril que durante 70 años cruzó la cordillera para unir Chile con Argentina y que a fines de los ´70 dejó de correr, es una de las apuestas binacionales que impulsó en Argentina, Néstor Kirchner y en Chile, Michelle Bachelet.
Ahora y después de dos años de análisis técnico-financiero, la Comisión Técnica del Ebifetra (ente binacional del ferrocarril trasandino) conformado por los gobiernos de Chile, Argentina y representantes de la empresa responsable de impulsar el proyecto, Corporación Andina, holding empresario liderado por Eduardo Eurnekian, emitirá el dictamen de rentabilidad o dictamen final el cual desentrañará si la iniciativa de reconstruir los 204 kilómetros de ferrocarril entre la estación multimodal de cargas de Luján de Cuyo con su par de Los Andes, es factible de realizar o no.
Concretamente, con este informe los gobiernos se asegurarán que la inversión que destinarán los privados para refuncionalizar el proyecto (calculada en 3 mil millones de dólares) sea recuperada por la empresa sin la necesidad de quebrar. Cómo es el esquema de recuperación planteado: a través del cobro de peaje a los usuarios que transiten el corredor, sean camiones, autos, buses, entre otros.
"Los Estados no ponen un peso, pero está en juego la garantía mínima que en el proyecto está estipulado y que es un certificado de ambos gobiernos de garantizar la continuidad. Por supuesto, que queremos asegurarnos que el proyecto sea rentable y que ni Chile ni Argentina tengan que poner un centavo", explicó Pombo, quien calculó el dictamen para mediados de setiembre.
El informe puede ser positivo o negativo, según explicó Pombo. "Si es positivo se conforma la Comisión Operativa y se comienzan a hacer los trámites para llamar a licitación. Si es negativo, el final dependerá de los gobiernos chileno y argentino", aseguró el asesor de la Gobernación. Cuáles son las alternativas si el dictamen es negativo, pues bien, que los presidentes Cristina Fernández y Sebastián Piñera decidan dejar caer el proyecto o bien que trabajen en modificaciones, lo cual es más probable teniendo en cuenta el tiempo invertido en la iniciativa.
A fines de diciembre de 2010 se hablaba ya de licitación del trasandino. Dos años de estudios de factibilidad técnica y financiera, del Corredor Bioceánico Aconcagua, quedaban por delante. Sin embargo, la empresa impulsora calculaba que después de marzo de 2011 se llamaría a licitación ya que era el plazo fijado para la presentación de los últimos análisis.
Para terminar la etapa de proposición (que concluye con la licitación), se requería una segunda fase de estudios más específicos. Sobre todo los geológicos, incluidos los de sísmica 3D, al estilo de la explotación petrolera. Sin embargo, para los Estados era fundamental el informe de rentabilidad ya que es el que define las posibilidades reales de continuar con el ferrocarril. La empresa que gane la licitación tiene, según Pombo, unos 25 años de concesión para armar la obra y recuperar el dinero invertido. Éste es uno de los puntos que podrían modificarse si el dictamen resultara negativo.
¿Cómo se supone que es el plan de financiamiento? La idea de Corporación Andina es acudir al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la CAF (Corporación Andina de Fomento) para la ingeniería financiera que deberá aportar los U$S 3 mil millones presupuestados en la ejecución del ferrocarril entre Luján de Cuyo y Los Andes, en Chile, incluido el túnel de baja altura de 52 kilómetros.
La llamada "garantía de ingreso mínimo" es un figura utilizada en Chile que, a partir de un análisis de razonabilidad y flujos de fondos de la inversión, el Gobierno respalda a través de un certificado que fija una rentabilidad mínima que, en caso de no cumplirse, lo compromete a compensar la diferencia. Esto último es lo que quieren evitar los gobiernos, por lo que el dictamen de rentabilidad que se emitirá a mediados de setiembre será crucial para el destino del tren.
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