El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, negó que su antecesor, Ricardo Jaime, haya gastado $1.500 millones para comprar trenes a Portugal y España. Según el funcionario, sólo pagaron $370 millones. Pero hay un dato que ha omitido: ¿cuánto gastó el Gobierno para ponerlos en marcha -a los que funcionan-, teniendo en cuenta la inversión en talleres y los pagos a las concesionarias? Además, Sergio García, de la revista Todo Trenes, aseguró que Schiavi "miente" ya que "el 76%" de los vagones comprados "sigue sin funcionar".
El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, salió a desmentir que su antecesor, Ricardo Jaime, haya gastado $1.500 millones para comprar trenes a Portugal y España.
En declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam, Schiavi se refirió así a la información publicada este lunes por el diario La Nación en base a un relevamiento realizado por Sergio García y Carlos Skerk para la revista especializada 'Todo Trenes' .
Schiavi señaló que "nosotros hicimos una operación con los gobiernos de ambos países, con Caminos Portugueses en Portugal y con Renfe y Feve en España y solamente se adquirieron 289 coches usados, de los años 70 y 80".
Para esta operación, según Schiavi, el Gobierno gastó sólo $370 millones. Sin embargo, hay un dato que el funcionario omite: ¿cuánto se gastó para ponerlos en marcha -a los que funcionan-, teniendo en cuenta la inversión en talleres y los pagos a las concesionarias?
Porque una cosa es cuánto efectivamente se le pagó a dichos países por los vagones y locomotoras usadas, y otra cosa es cuánto se gastó luego en arreglar las maquinarias, para ponerlos en marcha, con el armado de los talleres y las concesiones.
Correspondería que la Auditoría General de la Nación brinde información al respecto, para poder aclarar la situación.
De hecho, Schiavi indicó que "los gobiernos querían vendernos los coches reparados, pero preferimos traerlos como estaban para repararlos aquí y generar trabajo".
Schiavi explicó que "lo que sucedió es que para poder reparar estos coches, tuvimos que reequipar y poner en funcionamiento los talleres especializados que habían sido desmantelados en la década del 90". Evidentemente, ese trabajo habrá demandado una gran inversión.
En ese sentido, el funcionario agregó que "así fue como pusimos en marcha talleres como los de Chascomús, Pérez y Laguna Paiva y ya se han reparado 185 vagones, los cuales están en funcionamiento en la Línea Roca".
"Quedan 104 coches y eso nos llevará un año y medio más de trabajo, pero logramos una mejora de 30 o 40 años, lo cual es un paso importante si tenemos en cuenta el estado en que se encontraban los ferrocarriles", aseguró Schiavi.
Tras estas declaraciones de Schiavi, Sergio García habló con Radio Mitre y dijo que el funcionario "miente" y que el "76%" de los trenes comprados continúa "sin funcionar".
García, de Todo Trenes, aseguró que posee fotografías y material que dan cuenta y corroboran los datos por él suministrados en su relevamiento.
Por otra parte, no deberíann olvidarse algunos antecedentes en lo que respecta a los trenes y a Ricardo Jaime.
El 11 de noviembre de 2008, Elisa Carrió y otros dirigentes del ARI presentaron una denuncia penal para "que se investigue la conducta de los Sres. Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal Lopez y Lázaro Báez por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal y/u otros posibles actos de corrupción por los hechos que seguidamente se exponen".
Entre estos delitos, la denuncia se refiere a que "Jaime fue involucrado por presuntas irregularidades en la concesión de ramales ferroviarios a la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia Sociedad Anónima (UGOFE). Según un informe de la AGN en el año 2004 se concesionaron sin licitación y mediante contratación directa ferrocarriles a Metrovías S.A., Ferrovías S.A.C. y Trenes de Buenos Aires S.A."
"También Jaime se encuentra en la mira del Fiscal de Investigaciones Administrativas -cuya competencia fue restringida y cercenada por el gobierno de Kirchner- por la posible malversación de fondos públicos al pagar sobreprecios por la remodelación y reconstrucción de 120 vagones del Ferrocarril Belgrano Norte.
Recientemente, se anunció la compra de vagones de subterráneos a la empresa china CITIC en la suma de u$$ 850 millones mediante contratación directa. La transacción comprende 279 vagones circunstancia de la que surge que cada vagón costará poco más de 3 millones de dólares. Es dable mencionar al respecto que oportunamente el Estado pagó 1 millón y medio de dólares por cada vagón de los 96 que se adquirieron en su momento para la línea D de subterráneos. En consecuencia, mediante contratación directa, se realizaron compras y contrataciones en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación que deben ser investigadas en virtud de haberse incumplido con los principios superiores de la contratación pública como economía, eficiencia, transparencia, concurrencia y competencia, proporcionalidad y razonabilidad e igualdad de tratamiento para interesados y oferentes", continúa la denuncia.
Por otra parte, en marzo de 2007, la Cámara Federal porteña ordenó profundizar la investigación sobre el rol del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, entre otros, en la compra directa y supuestamente irregular de 15 locomotoras usadas a una firma japonesa.
Ese tribunal tomó esa decisión luego de revocar el sobreseimiento que el ex juez federal Jorge Urso había dictado a favor de De Vido y Jaime antes de renunciar y evitar así un juicio político. La medida también alcanzó al subsecretario de Transporte, Julio Montaña, y al empresario de excelente llegada al Gobierno, Sergio Taselli.
En el 2004, y en el marco de la emergencia ferroviaria, Jaime compró sin llamar a licitación 15 locomotoras usadas a la firma "Railway Leasin Argentina S.A." en 21 millones de pesos cuando, en realidad, según el denunciante Juan Carlos Iglesias, no costaban más de 12 millones. Además, la compra hubiese correspondido al concesionario ferroviario "Transportes Metropolitanos General Roca" (TMGA) del grupo Taselli y no al Estado, agregó.
Las locomotoras las estaba usando el concesionario gracias a un leasing hasta que TMGA se declaró en quiebra. Entonces, Railway Leasing Argentina pidió a la justicia comercial el secuestro de sus locomotoras. Fue en ese momento que Jaime decidió comprarlas con fondos del Estado y lo presentó a la prensa como un salvataje a favor de los usuarios de los trenes.
La compra fue avalada por De Vido como superior inmediato de Jaime aunque ambos no tengan una buena relación personal y el secretario de Transporte tenga llegada directa al presidente Néstor Kirchner.
La denuncia de Iglesias fue avalada por el fiscal Luis Comparatore y luego por el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido. Sin embargo, el juez Urso sobreseyó a los imputados pero los fiscales apelaron a la sala II de la Cámara Federal.
Los camaristas ponderaron un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que afirma que el precio de las locomotoras fue justo pero también otro del Centro Argentino de Ingenieros lo calificó de "muy vago y falto de rigor técnico" porque las locomotoras eran viejas y algunas habría "canibalizadas" para sacarles repuestos.
En su resolución de entonces, la Cámara ordenó al juez subrogante de Urso, Marcelo Martínez De Giorgi, profundizar la investigación.
Fuente: urgente 24
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