El golpe cívico-militar antipopular de setiembre de 1955, tuvo como finalidad primera cambiar el patrón de acumulación de la renta nacional para que los sectores oligárquicos (dueños reales del país), retomasen el total control del mismo como en la década del 30.
Para eso se exigía: 1) una apertura de la economía; 2) la incorporación al FMI, para "insertarnos en el mundo" teniendo acceso a créditos internacionales (lo que en la práctica inmediata significó el desembolso efectivo de ingentes recursos para integrar los tramos de socio que se nos exigía); 3) una política de control y reducción de "gastos" (así llamaba y llama la oligarquía a la inversión social y redistribución del ingreso en emprendimientos populares); 4) una liberalización de la economía muy controlada y regulada por el Estado. Se pretendía con esto sanear la economía controlando el déficit fiscal e incorporar nuevos actores que, mediante el atractivo de país confiable, invirtieran en Argentina.
En concreto, se volvía al viejo esquema de la dependencia, reprimarizando la economía vía apertura económica (que frenaba la industrialización y la "sustitución de importaciones") y vía endeudamiento a través de los organismos internacionales y de los capitales que encontraran en el país ventajas comparativas (enclave productivo). Los capitales mundiales que más codiciaban su participación en el país eran los que respondían a los pool petroleros y derivados, y a la industria automotriz.
Ante este plan, llamado Plan Prebisch (el economista Raúl Prebisch fue el que lo presentó), Arturo Jauretche sacó artículos de polémica primero y un libro después, que hizo historia y se llamó: El Plan Prebisch o retorno al coloniaje (noviembre de 1955). En este retorno al coloniaje, lo importante eran los "recortes": a los trabajadores y sectores populares en sueldos; a la seguridad social, educación, salud y beneficios en general; y el "recorte" en las empresas "mal administradas por el Estado".
En este marco, como ejemplo de ineficiencia, "de lo que no había que hacer", de corrupción, el ELEFANTE BLANCO era el ferrocarril. Se discutía que, estatizándolos, se había comprado chatarra a precio de oro a los ingleses, y que era la principal causa de nuestro déficit. Así es que se lanza el "plan Larkin" de despidos y "racionalización". Los intereses petroleros se estaban preparando.
Frondizi asume la presidencia el primero de mayo de 1958, después de un acuerdo electoral con Perón, y desdice y traiciona toda su plataforma electoral. En primer término, concede a empresas petroleras extranjeras la explotación de áreas de petróleo. En segundo término, atrae inversiones y empresas extranjeras en petroquímica y afines. En tercer término, se pone firme en la concreción de una fase del plan Larkin para ir desarticulando el sistema ferroviario. Todo esto unido a una avasallante propaganda oficial que, en el caso del petróleo, hablaba del autoabastecimiento; en el de las empresas derivadas, del desarrollo (sin preocuparle la dependencia); y, en el caso de los ferrocarriles, con spots publicitarios tan impactantes como un tren arrollador que se venía en la pantalla diciendo que el ferrocarril perdía un millón de pesos diarios, y que "por este café, la nación pierde tantos pesos", que "en sólo 3 confiterías hay tantos millones de pesos en pérdida", lo que propició quizás las primeras concesiones de los servicios complementarios del ferrocarril (confiterías), o sea las primeras "privatizaciones periféricas", como después se fue llamando al avance del capital privado comiendo de a poco a las empresas estatales.
En lo concreto, Frondizi decretó el cierre de 4.000 Km. de vías, el cierre de media docena de talleres y el despido de 6000 trabajadores. En respuesta a ello hubo huelgas que paralizaron el servicio, y Frondizi recurrió a gendarmería y al ejército para conducir las locomotores y custodiar las formaciones (dándole a los militares funciones de policía interna), y sometiendo a los trabajadores ferroviarios al Código de Justicia Militar a través del plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado).
No es casual además, que en ese período frondicista, acá, en Rosario, el intendente Carballo decidiera el cierre de los tranvías y su reemplazo por "los componentes" del transporte automotor (privados), para que mal manejaran el servicio de transporte en la ciudad.
En el año 66, con un nuevo golpe de estado con las mismas proclamas racionalizadoras, y eficientistas, se pone en práctica el PLAN FLOURET, que es la profundización del plan Larkin. El gobierno de Onganía sigue cerrando ramales, talleres y despidiendo trabajadores del riel. Como contrapartida, los trabajadores luchan y se organizan alrededor de la CGT de los Argentinos. En el ROSARIAZO de setiembre de 1969, oficia de detonante el despido de un compañero del riel. Los achiques de los gobiernos dictatoriales son constantes y con publicidad engañosa, a favor del transporte automotor, donde no se computan los gastos de infraestructura de rutas, que además tiene un impuesto a las naftas y un repartición nacional y reparticiones provinciales con presupuesto para ocuparse de éstas (Vialidad Nacional y Vialidad provincial), y sí se lo hace con el ferrocarril.
Con todo, el ferrocarril seguía uniendo pueblos y haciendo patria. Para transportar cargas y personas, la conveniencia siempre y la única alternativa a veces, hacían del ferrocarril un transporte ineludible y más eficiente que el automotor. Las bodegas de los trenes viajaban llenas y en las terminales de carga había que hacer colas para los despachos.
Llegó entonces el golpe genocida cívico-militar de marzo del 76 y con él, Martínez de Hoz (hombre de la rancia oligarquía terrateniente a la vez que director del complejo siderúrgico ACINDAR a punto de integrarse). Fue entonces que el flamante ministro de economía tomó dos decisiones. Primero: elevar el costo del flete artificialmente, dos o tres veces más que el del flete automotor; esto hizo que se despoblaran inmediatamente todas las estaciones de carga del ferrocarril. Segundo: desguazar todas las locomotoras a vapor (aún nuevas o recién reparadas) cortándoles la caldera y fundiéndolas en ACINDAR, para que no hubiese marcha atrás; y no reponer el equipo y dejar unas pocas locomotoras petroleras, a más de seguir con el cierre de "ramales ineficientes".
Pero el crimen final lo da el presidente Menem, elegido por el voto popular y contradiciendo -igual que Frondizi- todas sus propuestas electorales ("si decía la verdad, no me votaban"), que desguazó totalmente el ferrocarril. "Ramal que para ramal que cierra", dejando a pueblos inermes (muchos hoy fantasmas) y al país desintegrado totalmente y entregando los corredores "jugosos", en concesiones privadas, a los dueños económicos del país, que así integraron y multiplicaron sus negocios privados.
A su vez privatiza totalmente a YPF, entregando incluso las áreas exploradas y no explotadas, y facilita el proceso de acumulación de las otras petroleras (Pérez Companc, Bridas, Bulgheroni, etc.), que engordaron desde los años de la dictadora con las sucesivas concesiones de áreas y las "privatizaciones periféricas", y que hoy tras sucesivas ventas conforman Petrobrás y otras.
Para colmo de males, y para ver la intrincada relación que hay entre deuda pública y privatizaciones y desguace del estado, el menemismo sacó créditos para indemnizar los despidos y sanear las cuentas de cada actividad que regalaba a los privados.
O sea, que la lucha por el ferrocarril para todos, se enmarca en la lucha de las grandes causas nacionales por la independencia interna y externa, la lucha contra la injusticia y por la igualdad, y la lucha por la construcción de un país vivible para todos, y no es ajena a las demás luchas, como la que se da contra el endeudamiento externo como forma y lógica de la dependencia externa y eterna (principal causa por la que no podemos defender el proyecto faraónico del tren bala), por la estatización de los recursos naturales, (petróleo, gas, minas, etc.), por el desafío de la reindustrialización interna y la investigación en tecnologías de punta con desarrollo principalmente propio, etc.
Hugo Milito
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