¿Vamos en tren Bala?

La Justicia Federal tiene a su cargo dos denuncias penales, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ya inició su propia investigación, y la oposición legislativa analiza esa operación.El tren bala sumó hoy nuevas críticas por parte del espectro político opositor, que denunció“irregularidades y anomalías” en la licitación del proyecto.El tren de alta velocidad que -de concretarse- unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba, impulsado y defendido por el Gobierno, está de nuevo cubierto por un manto de sospechas, en este caso por un informe de las organizaciones civiles Poder Ciudadano y Plataforma Megaciudad.La Justicia Federal tiene a su cargo dos denuncias penales, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ya inició su propia investigación, y la oposición legislativa analiza esa operación, de acuerdo con lo publicado por un matutino porteño.El informe de Poder Ciudadano, redactado por Nicolás Dassen, advierte que “existieron en el proceso licitatorio ciertas anomalías que indicarían que la licitación fue direccionada haciaun oferente particular”.“La formulación del proyecto resulta ser demasiado amplia e indeterminada, impidiendo comparar distintas ofertas”, sostuvo Dassen.Agregó que “hubo una falta de dictámenes técnicos a los que obliga la ley de inversión pública (estudio de factibilidad e impacto ambiental, y un dictamen de calificación), que debieron ser realizados por la Dirección Nacional de Inversión Pública”.“Esto puede configurar una causal de nulidad por tratarse de requisitos esenciales para la validez de la adjudicación”, indicó.Mientras tanto, el movimiento Proyecto Sur, que dirige el ex candidato presidencial Fernando Pino Solanas, lleva recolectadas 769.508 firmas por Internet para logar imponer el tema en el Congreso e impulsar una iniciativa propia, bajo el sugestivo nombre de “Tren para todos”.Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez calificó de “ficción” a la licitación por el tren bala, que dio por ganadaro meses atrás al grupo francés Alstom.“Se exigió a los candidatos una inversión propia del 50 por ciento de la obra, un requisito muy ambicioso que restringe la participación de distintos oferentes”, sostuvo Pérez.
Fuente: DERF Noticias
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