La resolución la habría tomado tras varias consultas a su círculo intimo y con la certeza de que la Casa Rosada no dará marcha atrás en el conflicto iniciado hace nueve meses
Parecía interminable pero la estrategia de aguantar la marejada kirchnerista el mayor tiempo posible parece que finalmente llegará a su fin. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se prepara para aceptar el traspaso de las seis líneas de subte y el Premetro antes de fin de año.
La resolución la habría tomado tras varias consultas a su círculo intimo y con la certeza de que la Casa Rosada no dará marcha atrás en el conflicto iniciado hace nueve meses. A lo que se suma el costo político de arrancar el año electoral 2013 con un servicio paralizado por falta de fondos.
Ahora los esfuerzos se enfocan en un equipo encabezado por el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, y el subsecretario de transporte, Guillermo Dietrich, que trabaja en varias alternativas para compensar los subsidios de 30 millones de pesos mensuales que dejará de aportar la Nación a partir de enero próximo y que complicará el funcionamiento de la red y el pago de salarios de los trabajadores.
Desde el gobierno porteño confirmaron que las propuestas son distintas y contemplarían un aumento en el costo de la tarifa (podría llegar hasta $ 5,50), así como subas en los peajes que cobra la firma estatal Autopistas Urbanas y en el impuesto sobre patente automotor.
Pero el proyecto final se ajustará según lo que surja de las negociaciones que se están llevando a cabo bajo un profundo hermetismo con el Gobierno Nacional. En gran medida –reconocen en el PRO– dependerá del “humor” de la presidenta Cristina Kirchner.
Las pretensiones del PRO
Una de las pretensiones del PRO es que la Casa Rosada acepte hacerse cargo de los $ 1000 millones para mejorar las condiciones técnicas de la red y conceda los avales para obtener créditos internacionales que permitan extender las líneas.
Puntualmente, la discusión sobre quién debía aportar esos fondos hizo naufragar el acta acuerdo firmada a comienzos de año por ambas jurisdicciones para concretar el traspaso del servicio de la órbita nacional a la porteña. En ese documento se estipulaba que el Gobierno Nacional aportaría la mitad de los subsidios que recibe la concesionaria Metrovías para hacer funcionar la red –unos 720 millones de pesos– pero sólo durante un año y en cuotas de $ 30 millones mensuales. La Ciudad se comprometía a desembolsar el otro 50% y Macri decidió aumentar para eso el boleto de $1,10 a $2,50.
Pero tras la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas, el jefe de Gobierno porteño salió a desconocer el acta, so pretexto de que no se estaban cumpliendo con todos los puntos negociados. Durante todo el año repitió el mismo argumento: que al suspenderse la negociación, la transferencia de la red nunca se concretó, porque necesita ser avalada con una ley de la Legislatura porteña; que Metrovías sigue teniendo su contrato firmado con la Nación, y que es el Gobierno nacional el que debe garantizar los fondos para la operación del subte. Pero desde la Casa Rosada aseguran que al subir la tarifa, Macri asumió la responsabilidad del servicio y afirma que el traspaso se concretó por ley del Congreso Nacional. De modo que en el Presupuesto de la Nación no figuran partidas para el subte. Y si bien el macrismo tampoco contempló esos subisidios en su cálculo de gastos y rentas –aunque sí aumentos en el Alumbrado, Barrido y Limpieza, que podrían llegar a 40%– analiza ahora la forma de compensar esos fondos.
Claro que en frente el Gobierno porteño tiene la trampa política de enfrentar el mal humor social que generarían las subas de impuestos o lidiar con el costo del cierre del subte, que dejaría a 900.000 usuarios a pie. A todo esto, Metrovías ya avisó que no tiene las partidas para hacer que la red funcione y los gremios ya parecen tener sus medidas de fuerza estudiadas.
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